Proyecto de ley ómnibus de Milei
La ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso tiene entre sus objetivos que los argentinos puedan realizar un trámite clave sin la mediación de abogados. Puntualmente, se trata del trámite de divorcio.
En cuanto al tema del divorcio, el artículo 435 del Código Civil preveía hasta la reforma como causas de disolución del matrimonio las siguientes: a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente.
Comunicación de la voluntad de disolver el vínculo al Registro Civil
El proyecto impulsa, en el capítulo tres, incorporar como inciso en el artículo 435 del Código Civil y Comercial –que regula las causas de disolución del matrimonio– la “comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio”.
Divorcio de común acuerdo
Esto significa que sin la necesidad de contar con un abogado, el matrimonio que decidiera divorciarse de común acuerdo podría hacerlo por la vía administrativa en lugar de la judicial.
Divorcio judicial: en qué casos continúa siendo necesario
En los divorcios controvertidos y/o con hijos menores y/o bienes, será necesario dirimir esas cuestiones ante la justicia, como hasta la reforma
Vía administrativa sin juez
Lo que cambiaría es básicamente la desaparición del proceso judicial y la intervención de abogados, ya que hoy ese tipo de divorcio exprés ante un juez (pero con un abogado) ya permite obtener un divorcio (sin bienes ni hijos menores) en un plazo muy breve, a veces de hasta 24 horas.
Críticas a la medida
La medida ya provocó la reacción de varios abogados y particularmente del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, que aseguró: “Nosotros vamos a defender la incumbencia de los abogados porque entendemos que es insustituible la presencia de un juez”. Y se excusó de ahondar en más consideraciones, ya que el colegio está analizando el texto y “probablemente mañana” emita un escrito o comunicado.
El “órgano administrativo” al que se refiere la ley, en algunos casos podría ser el Registro Civil o el sitio que cada jurisdicción determine. En este punto la abogada Marisa Herrera, experta en temas de familia, se preguntó: “¿Cada provincia debería designar cuál es el órgano competente? ¿Por ejemplo en Chaco el Registro Civil y en la Rioja, por ejemplo, el Ministero de Desarrollo Social? ¿Regulás para traer más caos?”.
Herrera junto con la abogada Natalia de la Torre publicaron un artículo reciéntemente, muy crítico, ante un antecedente de proyecto de ley que planteaba cuestiones similares al presente. El nombre del artículo es bastante elocuente: “Divorcio administrativo y ninguneo profesional”.
Allí, entre otras cosas, se dice: “Se alude a la ’existencia de acuerdo entre las partes’. Tal como surge de esta afirmación, se debe estar ante una pareja matrimonial que haya arribado a un acuerdo o, como lo denomina la legislación civil y comercial, un convenio regulador. Ahora, ¿este debe ser de carácter total o parcial? ¿Y si las partes arriban a un acuerdo sobre alimentos entre ex cónyuges y no sobre la vivienda?”.
El cuestionamiento continúa: “Como se puede apreciar, la primera condición o requisito que recepta el proyecto genera problemas de interpretación con las consecuencias prácticas que se derivan de ello. ¿Acaso no se pretende modificar un sistema actual para que el proyectado sea mejor, brinde respuestas más acordes con las necesidades y conflictivas de las personas que transitan por un divorcio?”.
“Esta norma desconoce esta mirada sistemática e integral de los divorcios. Según la redacción que propone la ley ómnibus no habría una sentencia, lo cual, según Herrera, trae interrogantes jurídicos, sobre los efectos del divorcio y el modo de regular, por ejemplo, la compensación económica. “Un excónyuge que ha sufrido un desequilibrio económico a raíz del matrimonio –suelen ser las mujeres que dejan de trabajar o capacitarse por dedicarse a la familia– puede pedir compensación económica. Este pedido debe presentarse dentro de los seis meses dictada la sentencia de divorcio. Los excónyuges sin abogado, ¿cómo se enterarían que empezaría a correr un plazo para solicitar este derecho?”, apuntó.
En suma, De la Torre plantea que el divorcio administrativo “puede atentar contra los derechos de los integrantes por falta de asesoramiento, relaciones asimétricas de poder, hijos/as, entre otros” y lo define como “sumamente preocupante y regresivo”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también mostró sus dudas con respecto a los beneficios que podría traer la habilitación del inciso d: “Siempre es importante la presencia de un abogado porque le da la mejor alternativa a las personas. Gran parte de las cuestiones que se están planteando tanto en este proyecto de ley como en el DNU son una reforma constitucional encubierta”.
En ese mismo sentido opinó Leonardo Glikin, abogado y consultor patrimonial: “No hay ninguna posibilidad de que un registro civil esté en condiciones de recepcionar algo tan trascendental como un divorcio. Si hay una situación de dominación, que suele ser del hombre a una mujer, no lo protege. Se pueden ocultar bienes, por ejemplo, pueden ocurrir millones de cosas que justamente la función que tiene el sistema judicial es prevenirlas. Es paradójico que en el artículo 2 de esta ley dice que pretende proteger la seguridad y la propiedad, mientras en este artículo en realidad lo que hace es exactamente lo contrario: desarmar todo un sistema que ha funcionado para prevenir situaciones de violencia familiar y doméstica”.
“Parecería que ante una lectura rápida se propone la posibilidad de facilitarle el trámite a los cónyuges. Disuelve el vínculo, pero si hay discusión sobre los bienes se mantiene el control judicial y la posibilidad de debatirlo ante un juez. Al no modificarse pareciera que subsiste la legislación actual. Hoy, al final del trámite del divorcio se inscribe en el registro civil, entonces sería lógico que el mismo órgano sea el mismo registro civil donde te casas”, se diferenció Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El texto del proyecto
Capítulo III – Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994)
ARTÍCULO 352.- Incorpórase como inciso d) del artículo 435 del Código Civil y Comercial aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, el siguiente:
“d) comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio.”